Cualquier desarrollo urbano o cualquier política social que implemente un ayuntamiento, requiere de recursos financieros suficientes para garantizar el desarrollo sostenible de las ciudades y la prestación de servicios básicos para sus habitantes. Ante la escasez de recursos, los gobiernos locales deben implementar políticas fiscales innovadoras, fomentar la colaboración público-privada y acceder a mecanismos de financiamiento externo e internacionales para asegurar el crecimiento económico y social de sus ciudades.